Yahoo Noticias Grupos de víctimas de delitos piden a legisladores de CA restablecer financiación
Grupos de víctimas de delitos y legisladores estatales de California están presionando a favor de $200 millones en la financiación en curso en medio de temores de inminentes y profundos recortes de fondos federales para servicios a víctimas.
Decenas de organizaciones de toda California, entre ellas WEAVE y Sacramento LGBT Community Center de Sacramento, Empower Yolo del Condado de Yolo y Stand Up Placer en el Condado de Placer, firmaron una carta instando a los legisladores a aprobar los fondos para contrarrestar los previstos recortes de $700 millones en el fondo federal de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA).
“La VOCA está en el centro de la respuesta de California para apoyar a las víctimas de la delincuencia”, dijo la asambleísta Eloise Gómez Reyes, demócrata de Colton, en una carta enviada en marzo al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Jesse Gabriel, demócrata de Encino, y el presidente de la Subcomisión, James Ramos, demócrata de San Bernardino.
“Sin algún nivel de apoyo”, escribió Reyes, “los proveedores de servicios a las víctimas de California corren el riesgo de sufrir devastadores recortes de fondos que en algunos casos podrían suponer que los programas cierren sus puertas por completo”.
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Más de 20 legisladores –incluidos los miembros de la Asamblea estatal Kevin McCarty, demócrata de Sacramento; Stephanie Nguyen, demócrata de Elk Grove, y James Gallagher, republicano de Yuba City– adjuntaron sus nombres a la carta de Reyes.
La Ley de Víctimas de Delitos, o VOCA, de 40 años de antigüedad, estableció un fondo para las víctimas de delitos financiado con las multas y sanciones de condenas en casos federales, no con dinero procedente de los impuestos.
El saldo del fondo era de más de $1,400 millones en marzo, según la Oficina de Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia. Pero unos $700 millones pudieran ser eliminados, dijo Reyes, reduciendo el fondo a la mitad.
Los recortes no se esperan hasta el año fiscal 2024-25, dicen activistas, pero las organizaciones dicen que la pérdida de fondos pudiera devastar los servicios que prestan a las víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, abuso de ancianos y más.
Jonathan Raven, director ejecutivo adjunto de la Asociación de Fiscales de Distrito de California y ex fiscal de distrito adjunto del Condado de Yolo, calificó los posibles recortes federales de “catastróficos” para las organizaciones sin ánimo de lucro y para los servicios de atención a las víctimas, muchos de los cuales están integrados en oficinas de los condados como en las Fiscalías de Distrito de los condados de Yolo y Sacramento.
Las fiscalías de distrito locales “ya están pensando cómo van a sobrevivir a esto”. El impacto lo sentirán las víctimas y los sobrevivientes de delitos violentos”, dijo Raven. En el Condado de Yolo, dijo, los trabajadores de servicios a víctimas están “mal pagados y sobrecargados de trabajo”.
“Imagínense el estrés y el trauma indirectos de trabajar con personas en el momento más bajo de sus vidas y ahora se va a tener que recortar personal”, continuó Raven. “Es vergonzoso”.
Reyes ha pedido los millones en la financiación estatal “para evitar recortes inmediatos y drásticos a los servicios a víctimas de delitos y dar tiempo a una solución a más largo plazo a nivel estatal o federal”.
Se estanca legislación que abordaría la financiación
Tanto Reyes como Gabriel tienen proyectos de ley sobre financiación para las víctimas de delitos ante la legislatura estatal.
El Proyecto de Ley 1956 de Reyes, la Ley de Estabilización de los Servicios a las Víctimas de Delitos, exigiría financiación suplementaria estatal cuando la subvención federal de la VOCA se redujera en más de un 10% con respecto a la cantidad concedida el año anterior, y exigiría a la Oficina de Servicios de Emergencia de California que concediera estos fondos a los beneficiarios de la subvención federal de la VOCA, simplificando el proceso de subvención para los proveedores de servicios.
El Proyecto de Ley 2432, presentado por Gabriel, financiaría los servicios a las víctimas “responsabilizando a los malos actores corporativos de las irregularidades financieras y legales”.
El proyecto de ley crearía una fuente de financiación “nueva y permanente” para programas financiados históricamente con fondos federales de la Ley de Víctimas de Delitos.
